Un repaso sobre cómo se distribuyen los recursos públicos, quién se beneficia realmente con el sistema tributario argentino y por qué ciertos discursos sobre estas temáticas ocultan intereses concentrados
Por Luis Lafferriere – Promotor de la Cátedra Abierta Por un Mundo Nuevo
Hablar de política fiscal, qué significa y para qué sirve requiere primero hacer una referencia previa al Estado como institución fundamental de la sociedad, y en especial en su relación con la economía en una nueva entrega del curso de Economía para Todos. Un orden social determinado agrupa a una comunidad organizada según una estructura y pautas de funcionamiento que explican su esencia y sus características comunes. En el capitalismo, que es el orden social que se ha impuesto de manera hegemónica en todo el planeta, la actividad económica se caracteriza porque un sector de la población posee la propiedad privada de los medios de producción (que son imprescindibles para llevar adelante el proceso de producción y distribución de bienes y servicios), y otro sector sólo dispone de su fuerza de trabajo que vende al empresario, que es quien decide sobre qué producir y cómo producir.
El empresario es libre de decidir dónde invierte, pero está condicionado por el entorno del mercado y la regulación del Estado. La regla básica es la competencia, lo que obliga al empresario a buscar la máxima ganancia para poder invertir, mejorar y ser más competitivo (bajando al máximo sus costos, incluido el sueldo del personal). De lo contrario, lo desplazan del mercado. Ese proceso va generando naturalmente concentración económica y centralización de los capitales, en manos de los ‘ganadores’, quienes así van acumulando más capitales y más poder. No sólo más poder en los mercados, sino más poder para condicionar al resto, en especial en el ámbito político a los que gobiernan el Estado.
En resumen, se va conformando una estructura económica con mercados altamente concentrados y poderosas corporaciones. A la par, se forma una estructura social muy desigual, con los ganadores en la cúspide de la pirámide, y una mayoría cada vez más numerosa que engrosa las bases de la sociedad, con personas y familias que deben sobrevivir con bajos o nulos ingresos.
En ese marco general, los Estados son espacios de disputa entre sectores, para lograr que su regulación les brinde beneficios particulares en detrimento del resto. Los más ricos, para sacar más provechos y ventajas. Los sectores de menores ingresos, para tratar de encontrar alivio a su situación y atemperar las crecientes desigualdades que provoca la lógica del mercado.
En este sentido, la existencia y participación del Estado en una sociedad y en una economía, es esencial para que funcionen el capitalismo y los mercados.
El Estado fue clave como promotor del sistema económico, creando las condiciones necesarias para el funcionamiento del capitalismo. Y siguió siendo fundamental como garantía de la propiedad privada de los medios de producción, como protector e impulsor de la acumulación de riquezas, como soporte de la moneda de curso legal (fundamental medio de pago que facilita las transacciones), como gendarme para mantener el orden y como garante del cumplimiento de las obligaciones en la actividad económica.
Y la experiencia histórica del capitalismo mundial muestra que los países dominantes, centrales o ‘desarrollados’, llegaron a esa situación gracias al accionar de sus Estados y a políticas de una creciente intervención pública, en beneficio de los sectores económicos concentrados. No existen en el mundo países capitalistas desarrollados sin Estados poderosos.
De ahí que quienes critican la intervención del Estado y proponen que todo lo resuelva el mercado, en realidad ocultan la evidencia que muestra lo contrario. Pero de esa manera, no sólo engañan a la sociedad sino que buscan que las grandes corporaciones no tengan ningún límite ni control, a la vez que ocultan la verdadera esencia del Estado a su servicio exclusivo.
¿Qué es la política fiscal y para qué sirve?
Lo importante es ver: ¿qué hace y a quién favorece el Estado? Y para eso se requiere analizar las políticas públicas, más allá de los discursos y los relatos interesados que en lugar de explicar y mostrar la realidad, la ocultan y deforman para que la sociedad no tome conciencia de las aberraciones que se generan.
Una de las herramientas que utiliza quien gobierna el Estado para alcanzar sus objetivos es la política fiscal. Consiste en usar dos vías: por un lado, el gasto público, es decir, con qué destino va a realizar las erogaciones el Estado; por el otro, los ingresos públicos, en especial los tributos como principal fuente de financiamiento, para definir de dónde obtiene los recursos necesarios para su funcionamiento.
Del lado de los ingresos: tributarios, patrimoniales y deuda
Si bien el Estado puede lograr recursos con la explotación de sus propiedades (sea con actividades empresarias, arrendando inmuebles, etc), y en caso de necesidad acudir a endeudarse, la fuente principal de recursos a lo largo del tiempo han sido los tributos. Se trata de aportes obligatorios que se imponen a los contribuyentes, y que pueden consistir en impuestos, tasas y contribuciones. Estas dos últimas se deben pagar como compensación por un servicio recibido o una obra que beneficia a los contribuyentes. En cambio los impuestos se deben abonar obligatoriamente sin que exista una relación directa del contribuyente con el uso de sus pagos por parte del Estado.
Distintos tipos de tributos
Hay diferentes formas de clasificar a los tributos en general. Una muy importante es las que considera a los tributos según como inciden en la manifestación de ingresos y riquezas de las personas.
Se habla de tributos progresivos, cuando afectan proporcionalmente más a los que más tienen y más ganan. Por ejemplo, cobrar ganancias a quienes ganan más de un determinado monto anual, y aumentar el porcentaje que se aplica a medida que es mayor la ganancia obtenida. Imponer de esa manera se considera que hay equidad tributaria.
Y se habla, por el contrario, de tributos regresivos, cuando los mismos afectan proporcionalmente más a quienes menos tiene y menos ganan. Por el ejemplo, cuando se cobra un impuesto sobre el precio final de un bien o un servicio, si bien lo pagan todos en igual monto, afecta más al que gana poco o nada, que al que gana mucho. Es el caso del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las tasas municipales, etc.
En los países centrales (llamados desarrollados por ciertas teorías) el peso de la carga tributaria se concentra en los impuestos progresivos. Los más ricos pagan más impuestos. Pero en el caso de la Argentina, predominan los impuestos regresivos, por lo que las desigualdades del mercado aumentan con la intervención del Estado en materia tributaria.
Destinos del gasto
En materia de gasto público, es decir en qué utiliza el Estado sus recursos, existen muchas clasificaciones. A los efectos de considerar el impacto social de los mismos, es importante ver la clasificación detallada de las erogaciones por finalidad y función. Es decir, qué objetivos y a quiénes les van a beneficiar los gastos que realiza el Estado. Pueden ser gastos a favor de los sectores que detentan más riqueza, los más concentrados de la economía; o gastos que beneficien centralmente a los sectores de menores recursos.
En nuestro país, como no podía ser de otra manera, gran parte del gasto público tiene como destino los bolsillos y las arcas de los capitales financieros más usureros e inescrupulosos, y los de las grandes corporaciones que controlan los principales sectores de la economía argentina. Eso significa que a la natural tendencia del mercado a generar crecientes desigualdades sociales, se suma el Estado con sus gastos públicos destinados a los más ricos y poderosos. Eso agrava las desigualdades ya existentes, en lugar de corregirlas o atemperarlas.
Es necesario recordar que la deuda pública es resultado de un proceso de fraudes contra el Estado y de maniobras realizadas por funcionarios para beneficiar a un puñado de grandes capitales financieros a costa de toda la sociedad. Eso significa que pagamos un fraude que hace crecer la deuda y luego los pagos a los acreedores fraudulentos, a costa de quitar recursos con otros fines que contemplen a los sectores más vulnerables de la sociedad (como salud, educación, asistencia alimenticia, haberes jubilatorios, obras públicas indispensables, etc).
Déficit y emisión: teoría y realidad
Como resultado de la diferencia entre ingresos genuinos y gastos totales surge el resultado fiscal de un Estado. Si los primeros (ingresos) cubren a los segundos (gastos), parece que está todo bien. Tendremos superávit o equilibrio fiscal. Pero como la mayor parte de la historia muestra a las cuentas fiscales con déficit, la forma predominante de cubrir esa diferencia ha sido con emisión monetaria, o más técnicamente, con préstamos del Banco Central a la Tesorería (adelantos transitorios o títulos instransferibles que guarda la máxima institución monetaria). Esto último se instrumenta con entrega de dinero del Banco Central a la Tesorería, para que afronte sus gastos, y eso es emisión monetaria (aumenta la base monetaria y la cantidad de dinero en circulación).
¿Cuál podría ser el problema? Según la teoría monetarista (y la gran mayoría de los economistas ‘serios’ del establishment), esa emisión es la causa generadora de inflación en la Argentina. Esa afirmación no ha podido nunca ser demostrada empíricamente. Pero de todas formas, a los efectos de justificar los ajustes brutales contra las mayorías populares, alcanza y sobra.
De acuerdo a ese razonamiento, si hay inflación es porque se emite. Si se emite es porque hay déficit fiscal. Si hay déficit fiscal es porque los gastos públicos son muy elevados y los tributos insuficientes. Por lo tanto, la receta es muy simple: bajar el gasto y subir los impuestos. Claro, pero ¿qué gastos se bajan? ¿Y qué impuestos se aumentan?
Como estamos en la Argentina del Estado “Hood Robin” (al revés de Robin Hood, que robaba a los ricos para repartir entre los pobres), los ajustes siempre apuntan de la misma manera: reducir el gasto que beneficia a los sectores mayoritarios (bajar los haberes jubilatorios, menos presupuesto para la salud y la educación pública, menos gastos sociales, etc); y aumentar impuestos que recaen sobre los sectores de menores recursos.
Sin embargo, sucede que desde la década del cuarenta del siglo XX hasta la fecha, los episodios inflacionarios y los de hiperinflación, siempre estuvieron causados por fuertes suba del dólar respecto del peso (la moneda nacional). Aunque esa realidad no preocupa a los ajustadores antipopulares, que a través de su hegemonía en los grandes medios de in-comunicación y des-información, han llegado a convencer a gran parte de la sociedad que la culpable de la inflación es siempre la emisión monetaria.
Sobre por qué causas el Estado llega a mostrar un déficit en sus cuentas fiscales, tiene que ver con las características del actual modelo socioeconómico que se ha desplegado a lo largo del presente siglo, que con su estructura y su dinámica de funcionamiento ha desfinanciado las cuentas públicas. Pero ese es un tema para desarrollar en otra nota.